Ha cerrado hace escasas horas la consejera de Hacienda y Sector Público las comparecencias en el Parlamento regional del equipo de gobierno de Javier Fernández para explicar el alcance y detalles de los Presupuestos del Principado para el próximo ejercicio económico. Y lo ha hecho con una aseveración realmente chocante. Ha afirmado que el nuevo impuesto creado por la comunidad autónoma para gravar a las entidades bancarias recaerá precisamente en éstas y no sobre los ciudadanos. ¿De verdad alguien en su sano juicio se podría creer tal barbaridad? ¿Podemos asegurar que la señora Carcedo. doña Dolores, piensa lo que dice? Desde luego al que suscribe le costaría ímprobos esfuerzos aceptar tal aserto.
Según los criterios del Gobierno socialista -y de sus solícitos compañeros de viaje, no hay que olvidarlo-, parece que los bancos van a aflojar la mosca para arreglar la situación paupérrima de las arcas autonómicas sin contrapartidas. Y en su relación con los cientes, como si nada hubiera pasado. Hace pocos días un alto cargo de una conocida entidad financiera en Asturias mostraba sin tapujos su seguridad en que el citado nuevo impuesto tendría obligada respuesta sobre los ciudadanos impositores ya que -que se sepa- los bancos están para ganar dinero, y cuanto más mejor.
Si la consejera compareciente se cree sus palabras habría que hablar de ignorancia o estulticia. En caso contrario, de un manifiesto cinismo. Como nos consta que la señora Carcedo, aunque recién llegada a las altas tareas ejecutivas, tiene una experiencia contrastada en sus actuales obligaciones, habría que pensar que sus declaraciones oficiales responden más bien al 'salvese quien pueda' de una administración que no sabe de dónde sacar la 'pasta' y que, en este objetivo, le importa muy poco la procedencia.
La única realidad es que Asturias figura en la actualidad en el 'top' español de comunidades con mayores cargas impositivas (no hay que olvidar la nueva versión del mal llamado céntimo sanitario que volverá a colocar el precio de los combustibles en nuestro territorio por encima de la mayoría del territorio nacional) y que, desgraciadamente, la mayoría de estas cargas las paga el ciudadano medio, nunca las clases económicamente más favorecidas. Y esto lo hace un Ejecutivo que dice ser de izquierdas.
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